Lancia, entre los hunos y nosotros

Diario de León
13/09/2010
Tribuna - José Luis Gavilanes Laso

La construcción de la autovía A-60 de León a Valladolid ha sacado a la luz, y a contraluz de previas catas arqueológicas, un interesantísimo barrio industrial en las faldas del cerro donde está situada Lancia, la pujante y mayor urbe de los astures, último reducto en Hispania contra Roma. Han aparecido, entre otros múltiples restos, hornos y fundiciones, una edificación con planta basilical y una necrópolis. Por su cercanía al yacimiento elevado que domina los fértiles valles del Esla y del Porma, conocido desde hace un par de siglos pero no declarado bien de interés cultural hasta 1994, se interpretan los nuevos hallazgos como el emplazamiento que las fuentes documentales denominan Sublancia.

Este importante hallazgo arqueológico no habría supuesto ningún problema, si no se hubiese interpuesto la construcción de la citada autovía, que por motivos técnicos que ignoramos, eligió el trazado discurriendo por el interior del yacimiento, en perjuicio de otras opciones que a buen seguro lo hubieran evitado. Cuando por el mismo terreno se construyó anteriormente un canal, un camino de concentración parcelaria y una gasolinera, detectáronse ya distintos restos arqueológicos que fueron destruidos o desubicados. Luego, sería pecado de cinismo argumentar ignorancia o, aún peor, falta de información. El movimiento de tierras ha tenido que paralizarse en vista de la movilización ciudadana amparada en la importancia del hallazgo e impulsada por apego a su historia y patrimonio cultural. El hecho controvertible por ahora, es que hay unas cuantas hectáreas en las que pugnan un bien ya declarado de interés cultural, competencia de la Junta de Castilla y León, y un bien de interés vial, competencia del Ministerio de Fomento. Incluso puede que la tensión esté instalada en la propia Junta, entre la Consejería de Fomento, evidentemente a favor de que prosigan las obras de su niña bonita, y los tutores del Patrimonio, obligados a proteger los bienes culturales de la Comunidad. Según la ley, los inmuebles protegidos como bien de interés cultural, y éste es el caso, no podrán moverse, ni trasladarse, y cualquier obra o actuación que se pretenda hacer en el mismo deberá ser autorizada por el órgano tutelar. La incoación del correspondiente expediente administrativo de declaración supone la inmediata suspensión en la concesión de licencias de obra sobre el mismo, así como los efectos de los ya concedidos.

Aunque ignoramos los informes periciales de arqueólogos contenidos en el expediente administrativo iniciado de oficio y el de las distintas instituciones consultivas, parece desprenderse, por testimonios oídos de quienes han estado implicados directamente en las excavaciones, que estamos, por el número de hectáreas que abarca, ante el más extenso yacimiento poblacional dentro de la comunidad de Castilla y León y probablemente de España. Con vestigios prerromanos, romanos y medievales tan importantes o más que los hallados hasta ahora en Numacia o Tiermes, por no movernos de la Comunidad; con la única salvedad, nunca mejor dicho, de que por el medio de estas ruinas no se aprobó en su día, como una especie de demonio, el trazado de una carretera que hubiese tentado destruirlas. La pugna de fuerzas contrapuestas parece actuar también en la conciencia de los arqueólogos, obligados a mantener un difícil equilibrio de funambulista entre la ética profesional de revelar la magnificencia de lo descubierto y los intereses de la empresa que paga sus salarios. Y los tiempos que corren no son para andarse con bromas, y menos con bromas tan pesadas como el pan de los hijos. El expediente administrativo ha de finalizar mediante Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad, que habrá de decidir entre la continuidad o paralización definitiva de la obra emprendida. Y serán persona o personas quienes tendrán la responsabilidad de mojarse bajo distintas y fuertes presiones sobre la relevancia o irrelevancia de lo hallado. Dado el número y la importancia de actores sociales y económicos que intervienen en el asunto, la decisión no será fácil. Nos gustaría saber cuál es la línea divisoria o los criterios por los cuales los nuevos restos arqueológicos deberán ser conservados o desechados; cuáles los argumentos de índole cuantitativo y cualitativo para que se salven o, por el contrario, se condenen devueltos a sus profundidades, como al operado quirúrgicamente que, sin solución a su mal, se le cose la herida sin más.

Puede resultar paradójico que Patrimonio sea extremadamente exigente y tiquis miquis en rechazar la anulación de una simple balconada en la reforma de una casa del siglo XIX y, sin embargo, dé el visto bueno para que se destruyan las ruinas de un reconocido bien cultural, cuyo estudio pude aportar nuevos conocimientos históricos, sociológicos, etnográficos, etc. Y ello debido a que parece haber una fiebre para que todas las ciudades del país estén conectadas por autovías y trenes de gran velocidad, en la creencia que sólo eso es progreso, aunque haya que machacar o llevarse por delante, al igual que el caballo de Atila y carros de los hunos, vestigios de nuestra historia y de nuestra cultura. Como es derecho de los Ayuntamientos de la zona tener audiencia en este «pleito», deberían reflexionar sobre qué es más conveniente para sus intereses, si lo uno o lo otro. Y con ello no queremos decir que no se construya la autovía, ¡Dios nos libre!. No se trata de escoger entre carretera o cultura, no, sino la cordura de una solución certera que satisfaga a ambas partes, modificando el trazado de la misma, como solución más aconsejable. Se dirá que ello es imposible porque implica un presupuesto suplementario inasumible para las depauperadas arcas del erario y por la demora en el tiempo. Pero, ¿cuánta obra pública no ha acabado rebasando con creces el presupuesto original y el tiempo previsto y, sin embargo, ha seguido adelante? Por otra parte, destruir un bien cultural ya reconocido tiene un valor que no se puede cifrar en ningún precio; no obstante puede ser una importante fuente de ingresos para que, una vez aseado, las gentes y negocios de la zona lo mimen y lo disfruten, ya no sólo como bien cultural, sino productivo.

De la misma manera que, según los historiadores Floro, Orosio y Dion Casio, la leonesa Lancia se libró de la quema allá por la guerra del año 25 antes de Jesucristo entres astures y romanos por decisión del general romano Carisio, que la tomó y conservó como monumento a su victoria, todo leonés que se precie debiera contribuir para la victoria incruenta de conservar estas ancestrales ruinas ante la amenaza del trazado de una autovía que quiere hundirlas para siempre. No se trata de ninguna opción política, ni de exacerbado celo de leonesistas yermos de hemisferios cerebrales, ni de amor desmedido al terruño patriochico, ni de trasnochados y mohosos mirando a través del espejo retrovisor, ni de agitadores de discurso único, ni de odio hacia el vecino; sino, simplemente, de leoneses concienciados y respetuosos con su historia y su patrimonio. Éste puede ser un ejemplo más de lo pernicioso que ha sido para esta provincia la actual configuración autonómica, teniendo que depender de soluciones impuestas fuera de su propio territorio, por mucho que se nos diga que formamos un ente común autonómico con igualdad de oportunidades. No tardando mucho, los hechos nos revelarán quién gana en esta pugna entre los hunos y nosotros. Mientras aguardamos expectantes el veredicto, existe una plataforma, con millares de firmas ya recogidas y las que se esperan recoger, que trata de canalizar un sentimiento de amor hacia nuestro patrimonio cultural, sin que florezca por el medio ningún otro interés bastardo ni oportunista de políticos al acecho, sino el de la pura solidaridad con su pasado.